La reforma policial y la emergencia en seguridad de María Eugenia Vidal
fue una bandera de campaña y pretende ser una demostración de gobierno y
gestión. Sin embargo, lejos de cambiar, todo apunta a una profundización de la
dinámica represora de una institución vetusta. Debates y desafíos para las organizaciones
populares.
Desde la
campaña en la disputa por hacerse con la gobernación de la Provincia de Buenos
Aires, María Eugenia Vidal recitaba un
speech
en torno a la lucha contra la corrupción, y la cuestión de la seguridad, que
incluso no escondía su aval a las medidas de Daniel Scioli de declarar la
Emergencia en Seguridad (lo había hecho en 2014) y la creación de las policías
locales. Con un esforzado perfil sonriente y fama de firmeza en las decisiones,
María Eugenia Vidal, no dejó pasar un mes para declarar mediante un DNU la
Emergencia en materia de Seguridad, el cual fue confirmado por ley a quince
días del mes de enero.
Sin embargo,
los nombramientos de los responsables políticos, no condicen con el discurso
oficial. Cristian Ritondo, ex referente de la Juventud Peronista de la
Provincia de Buenos Aires en la segunda mitad de los 90’, del riñón del
duahaldismo y funcionario PRO de la primera hora, hoy es Ministro de Seguridad
de la Provincia y quien comanda y ejecuta la política hacia el interior de las
fuerzas policiales. La fama de Ritondo, de mantener vínculos intensos con
sectores de “la bonaerense”, de la ex SIDE y con la Barra de Nueva Chicago,
sumado al prontuario del Jefe Pablo Bressi, cercano a Hugo Matzkin, a quién
según dichos de Felipe Solá, pidió que sea nombrado en el cargo, nada más y
nada menos que la DEA, no cuadra con el discurso de “cambio” de la coalición de
gobierno.
La fuga de los
tres procesados por el triple crimen de General Rodríguez, a semanas de la
asunción del nuevo gobierno, volvieron a levantar sospechas sobre algún acuerdo
oscuro a manera de pago por la entrevista concedida a Jorge Lanata, y desde
allí, el gobierno bonaerense busca mostrar un rostro decidido de persecución a
las mafias policiales y de reforma de la estructura interna de todas las
fuerzas, incluyendo en el Ministerio de Justicia al Servicio Penitenciario
Bonaerense (SPB).
La generación
de escándalo público sobre el estado actual de la Policía Bonaerense (PB), la
polémica de las horas extras, los “chalecos calientes”, los handies sin
encriptar, el estado de las armas de los efectivos, las balas para
entrenamiento, el estado calamitoso de patrulleros y móviles, que son
realidades innegables, también son utilizados como elementos de socavamiento de
la imagen que todavía mantiene el anterior gobierno en ciertos sectores, la
deslegitimación de voces de la oposición y especialmente, con el fin de generar
un consenso social sobre la “necesidad de cambios en las fuerzas policiales y
combate a la corrupción” que se traduce en un aumento del sistema represivo
sobre los sectores más empobrecidos. La salida es más militarización de las
policías de la provincia.
La tan mentada
reforma de la PB, incluye drásticos cambios del organigrama, con el objeto de
achicar la estructura institucional, mediante la desaparición de
superintendencias, delegaciones, jefaturas, y sus correspondientes cargos, y la
creación de dependencias como la Superintendencia de Inteligencia Criminal,
área inexistente hasta el momento, que es presentada como la “niña bonita” de
la fuerza. Por otro lado, se busca realizar una fuerte inversión en
informatización de las comisarias, creación de centrales de monitoreo
unificadas, la apertura de un laboratorio central de pericias, el aumento del
período de instrucción inicial y una reunificación de las escuelas de policías
locales en solo tres institutos. Así mismo, se solicitó la presentación declaración
jurada de bienes para todo el personal a partir desde el rango de subcomisario.
Todo lo enumerado junto con una “minuciosa” investigación sobre “las cajas
negras” de recaudación de las comisarías y departamentales y la remoción de las
cúpulas del SPB ha generado una fuerte resistencia interna, y por esto mismo se
adjudica el surgimiento de actos intimidatorios con mensajes mafiosos,
dirigidos hacia la gobernadora y su ministro de gobierno Federico Salvai. En
algún punto, estos repudiables hechos, fueron capitalizados políticamente en
una maratón de victimización mediática, y vinculados arbitrariamente con hechos
de manifestación y repudio popular al presidente Macri, en visitas a barrios y
espacios públicos como los sucesos de Mar del Plata, dónde todavía se investiga
si realmente hubo o no pedradas.
Un cambio de cosmética
El discurso
oficial hace un tratamiento cuasi exclusivamente moral sobre la corrupción
policial, pero no cuestiona el accionar violento y represivo sobre los sectores
populares. Basta revisar a vuelo de pájaro los informes del CELS, la CORREPI y
la Comisión Provincial por la Memoria para vislumbrar y descubrir la
sistemática persecución, represión y hostigamiento hacia las barriadas pobres,
especialmente a sectores juveniles que realiza la PB, práctica que asumieron
igualmente las Policías locales y se repite cruelmente en el SPB. Casos que
llamativamente, o no tanto, sólo es posible enterarse vía redes sociales o por
los medios alternativos de comunicación.
El gobierno de
Cambiemos necesita una fuerza policial controlada, extendida focalizadamente en
el territorio, y como contrapartida, un poder judicial que abandone, según su
discurso, “el garantismo” y las llamadas “puertas giratorias”. Por lo cual, podemos
deducir que nos espera un largo y continuo raid mediático de victimización del
oficialismo por la “pesada herencia”, y de generación de un consenso social que
soporte mayor represión. Algo de ello puede verse en el trato mediático que han
recibido los casos llamados de “justicia por mano propia”. En ningún punto hay mención
a la construcción de una fuerza preventiva, de romper con la estructura
verticalista que favorece el sometimiento interno y genera caldo de cultivo
para la corrupción, la creación de resortes institucionales que permitan la
denuncia y la expresión de disconformidades laborales que impidan acciones como
los acuartelamientos que ya hemos visto, aunque sin la necesidad de hablar de
sindicalización. Tampoco incluyen el estado inhumano en el que se vive y se
muere en las cárceles bonaerenses, nada de esto abarca la mediática “emergencia”
en seguridad.
Una institución del siglo XIX
Hoy pervive,
al decir del ex Juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, “una institución
del siglo XIX, militarizada y de ocupación, que lejos está de adaptarse a las
lógicas del Estado de Derecho democrático”. Estas instituciones como aparatos represivos del Estado, no
tienen otra función que mantener a raya los sectores juveniles y de los
trabajadores, y asegurar la acumulación del capital por la vía de los negocios
clandestinos que más dinero mueven: la prostitución, el narcotráfico, el juego,
la trata laboral, el robo de automotores y hasta el cuatrerismo. Y
perversamente, como fenómeno agudizado actualmente, el ingreso a las fuerzas
policiales, representa “la” salida laboral para los jóvenes que crecen en
contextos de mayor empobrecimiento, otro elemento más en la tarea de control
social que tienen estos aparatos represivos. Las organizaciones y partidos del
campo popular tenemos como tarea y desafío, la construcción de un discurso
propio sobre la seguridad y las fuerzas institucionales. No es posible dejar de
lado este tema, como una cuestión que no nos atañe. Es necesario generar un
tratamiento antifascista del tema de la seguridad y la justicia, y generar propuestas
serias y conscientes de las contingencias y puja de poderes existentes, pero
también trabajar sobre los imaginarios sociales.
Foto: www.argnoticias.com
www.diariohoy.net
